Ante el anuncio de ayudas públicas para solventar la crisis del sector vitivinícola riojano, y tras las informaciones sobre «precios de la uva irrisorios», la UAGR–COAG propone al nuevo gobierno que «su reparto revierta en los viticultores y las pequeñas bodegas de cosechero». Por ello, «ha de velarse por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, registrándose los contratos, como es obligatorio, y siempre por encima de los costes de producción».

Los viticultores de la Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca.) Rioja van reduciendo sus producciones en cada campaña, pero «su esfuerzo no siempre se ve recompensado con unos precios que superen los costes de producción, ya que hay bodegas que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria al pagar entorno o por debajo de los 70 céntimos por kilo de uva, coste medio de producción 2021. Costes que aumentan cada vez que se reducen los rendimientos».

Ante esta situación, la Unión exige al gobierno riojano que «publique el estudio de precios medios y costes de producción 2022», ya que de 2021 a 2022 «los precios de los insumos y la mano de obra que se emplean para el cultivo de las uvas subieron espectacularmente, por lo que precios cercanos a los 70 céntimos significan claras pérdidas para los viticultores».

La UAGR–COAG exige al nuevo gobierno que las ayudas anunciadas lleguen a los viticultores más necesitados. Al respecto, solicita que se obligue a todas las bodegas de la D.O.Ca. Rioja al cumplimiento de la legislación vigente en la compra‐venta de uva: contratos con precios por encima de costes de producción y plazo de pago, y que se inscriban en el Registro de Contratos Alimentarios, obligatorio desde el pasado 30 de junio.

En opinión de esta organización, cualquier ayuda pública a las bodegas debería vincularse al cumplimiento de estas obligaciones, «en especial a la de los pagos de la uva». También reclama que se compense la reducción de rendimientos, como hace el País Vasco, «lo que haría más apetecible la vendimia en verde, propiciando que más viticultores se acogieran a ella».

En cuanto a las ayudas a la destilación de crisis, propone que «se priorice a los pequeños cosecheros que no embotellan, pequeñas bodegas y cooperativas». Después, irían el resto de bodegas, excluyendo a las que hayan realizado transacciones vinícolas en el último año.

Además, según UAGR–COAG, «deberían excluirse de las ayudas a las bodegas que hayan percibido ayudas para el almacenamiento de vino derivadas de la pandemia».

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